Biografía del personaje del quincenario

Don José Gabriel Condorcanqui, Marqués de Oropesa o Tupac Amaru II, el Inca

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Hombre de dos mundos

Convivía con las dos verdades, en una especie de esquizofrénica dualidad de lealtades... Inca y caballero del rey al mismo tiempo". -Ana María Lorandi-

Era de una familia noble de mestizos. Descendía del Inca Felipe Tupac Amaru I que fue ajusticiado en 1579 por el Virrey Toledo junto a su único hijo varón. Sin embargo Tupac Amaru I tenía varias hijas,Juana, una de ellas, se casó con un señor de la provincia de Cuzco, llamado Diego Felipe Condorcanqui o Kunturkankude donde descendió José Gabriel Condorcanqui, Marqués de Oropesa quien fuera nieto en quinta generación del último Inca.

Nació en 1740 en el Cuzco. Estudió con los jesuitas recibiendo la educación que le correspondía a un miembro de su clase social. Poseía tierras y fundos de los cuales podía vivir comodamente.A la edad de 22 años se transformó en cacique de los pueblos de Surimana, Pampamarca y Tangasuca  y en 1760 se casó con Micaela Bastidas con la cual tuvo tres hijos.

?José Gabriel Túpac Amaru, como se hacía llamar,  fue un hombre que se atrevió a rebelarse contra el orden del más grande imperio que jamás haya existido bajo el sol; contra la injusticia y la corrupción de la administración colonial que golpeaba duramente su pueblo. Además reclamaba para sí el título de Inca que según el mismo afirmaba, le correspondía por ser descendiente de Túpac Amaru I. Sin embargo nunca cuestionó la sumisión al rey de España.

A pesar que el virrey Toledo con el asesinato del Inca Felipe Tupac Amaru I había intentado borrar los vestigios de la cultura indígena, Alexander von Humboldt hace la siguiente reflexión en uno de sus diarios de viaje: «Dondequiera que haya penetrado la lengua peruana, la esperanza de la restauración de los incas ha dejado huellas en la memoria de los indígenas que guardan recuerdo de su historia nacional». Y  eso lo sabían también los funcionarios españoles.

El virrey conde de Superunda en 1750 opinaba que no se les debía permitir a los indios hacer en las fiestas sus mascaradas y bailes como era de costumbre, porque las trasformaban en«una representación de sus antiguos reyes, con sus trajes, estilo y comitiva, cuya memoria los entristece y no deponen algunos sin lágrimas las vestiduras e insignias de sus primeros monarcas".

Este sentimiento, vivía en las obras de teatro que representaban con frecuencia, y unido a la explotación de la cual eran objeto por parte de los corregidores del siglo XVIII, explica el porque después de siglos de opresión y pasividad pueblos enteros se alistaron tras la figura del carismático mestizo con tanta rapidez.

Boleslao Lewin, en su obra sobre Túpac Amaru, afirma que: su programa social fue claro y explícito desde un principio. Cuando se acerca por primera vez a las autoridades españolas, en 1777, lo hace con un coherente programa de reivindicaciones; en primer lugar conseguir la eliminación de la “mita”(*) sobre todo en la minera, que siempre había sido dura, y que con la disminución de los indígenas era imposible de sobrellevar. “Entonces morían los indios y desertaban -afirma en el memorial de diciembre de 1777- pero los pueblos eran numerosos y se hacia menos sensible; hoy, en la extrema decadencia en que se hallan, llega a ser imposible el cumplimiento de la mita porque no hay indios que las sirvan y deben volver los mismos que ya la hicieron...".

Denuncia los esfuerzos inhumanos a que eran obligados, los largos y peligrosos caminos que debían andar para llegar hasta las minas "más de doscientas jornadas de ida y otras tantas de vuelta" y propone que, en lugar que los indios, trabajen en las minas "el copioso número de trabajadores establecidos en dicho cerro de Potosí". Pedía también la eliminación de los obrajes, verdaderas cárceles donde se obligaba a adultos, viejos y hasta a niños a tejer y a hacer otras de "granjerías " sin descanso. Las mayores acusaciones, sin embargo, estaban dirigidas a los corregidores (**) quienes, para poder conservar sus vidas lujosas e incrementar aún más los dividendos, obligaban a los indios a comprar toda clase de objetos inútiles, quedándose ellos con la ganancia obtenida.

La legislación de las Indias había prohibido que los corregidores comerciaran con los indios, pero desde mediados del siglo XVIII esta prohibición pasó a ser letra muerta. Como lo explicó Túpac Amaru: “nos botan alfileres, agujas de Cambray, polvos azules, barajas, anteojos, estampitas y otras ridiculeces como éstas. A los que somos algo acomodados nos botan terciopelos, medias de seda, encajes, hebillas, ruan y cambrayes, como si nosotros los indios usáramos de estas modas españolas, y en unos precios exorbitantes, que cuando llevamos a vender no volvemos a recoger ni la veinte parte de lo que hemos de pagar...".

El levantamiento indígena de 1780

En 1780 en el virreinato de Perú Túpac Amaru dio inicio al mayor levantamiento indígena de toda la historia de la colonia  española en América. Se le unieron hasta los Chiriguanos y los Mocovíes nómadas del Chaco Salteño. Numerosas insurrecciones, aún cuando no todas tuvieron las mismas características,  se produjeron casi contemporáneamente desde el Río de la Plata hasta Colombia, Venezuela y México, durante las cuales perdieron la vida más de 100.000personas. Después de su muerte los criollos utilizaron la figura del jefe indio como símbolo de libertad y independencia aun cuando el suyo fue un movimiento esencialmente indígena.

Túpac Amaru, viendo que sus peticiones a favor de su pueblo no tenían respuesta por parte de las autoridades, comenzó a preparar la insurrección haciendo acopio de armas de fuego, prohibidas para los indígenas. Al mismo tiempo trataba de atraer a criollos y mestizos a su causa en general con poco éxito. La ocasión se presentó cuando el obispo criollo Moscoso excomulgó al corregidor de Tinta, Arriaga, individuo particularmente odiado por los indios. El 4 de noviembre de 1780, Túpac Amaru, investido de su autoridad de cacique de tres pueblos, mandó a detener a Antonio de Arriaga y lo obligó a firmar una carta donde pedía a las autoridades dinero y armas además de llamaba a todos los pueblos de la provincia a juntarse en Tungasuca, donde estaba prisionero. Le fueron enviados 22.000 pesos, algunas barras de oro, 75 mosquetes, mulas, etcétera.

El 10 de noviembre del mismo año, habiendo ejecutado a Arriaga en la horca y según Túpac Amaru “en nombre del rey " comenzó la sublevación indígena. «Desde el día diez -dice un documento de la época – “empezó (Túpac Amaru) a escribir cartas a diferentes caciques, mandándoles que prendiesen a sus corregidores, tenientes y demás dependientes, y dando órdenes para que se embargasen sus bienes”. Estas cartas iban acompañadas de los edictos que debían publicar dichos caciques en sus respectivas provincias, según los cuales se abolían los pechos (impuestos) de repartimientos, aduanas y mitas y se ordenaba la matanza de los corregidores.

Seguido por un entusiasta ejército de indios, empezó a recorrer pueblos y ciudades destruyendo a su paso los obrajes, símbolo de opresión, y emitiendo proclamas que modificaban su discurso según fueran dirigidas a indios y a esclavos o a sacerdotes y criollos. A los primeros les prometía que «quedarán libres de la servidumbre y esclavitud en que estaban", insistiendo en que su misión consistía en abolir los abusos y terminar con los corregidores y que él era el libertador del reino y el restaurador de los privilegios otorgados a sus antepasados por los Reyes Católicos.

A los clérigos les aseguraba que «sólo pretendo quitar tiranías del reino, y que se observe la santa y católica ley, viviendo en paz y quietud", recalcando en una carta al obispo Moscoso «V. S. Ilma. no se incomode con esta novedad ni perturbe su cristiano fervor. Ni la paz de los monasterios, cuyas sagradas vírgenes e inmunidades no se profanarán de ningún modo, ni sus sacerdotes serán invadidos con la menor ofensa de los que me siguieren... ". El 23 de diciembre de 1780 se dirige especialmente a los criollos en una proclama donde hace saber que «viendo el yugo fuerte que nos oprime con tanto pecho  y la tiranía de los que corren con este cargo, sin tener consideración de nuestras desdichas, y exasperado de ellas y de su impiedad, he determinado sacudir el yugo insoportable y contener el mal gobierno que experimentamos de los jefes que componen estos cuerpos, por cuyo motivo murió en público cadalso el corregidor de Tinta, a cuya defensa vinieron de la ciudad del Cuzco una porción de chapetones, arrastrando a mis amados criollos, quienes pagaron con sus vidas su audacia. Sólo siento lo de los paisanos criollos, a quienes ha sido mi ánimo no se les siga ningún perjuicio, sino que vivamos como hermanos y congregados en un cuerpo, destruyendo a los europeos" .

Las respuestas a estas proclamas fueron inmediatas y distintas. En las calles de Arequipa y del Cuzco aparecieron pasquines en favor y en contra del rebelde.

Como España estaba en guerra con Gran Bretaña, se decía para desprestigiar al famoso mestizo que había tomado contacto con los ingleses. Entre la crítica y la admiración, un diario de Arequipa en enero de 1781 destaca los elementos incaicos de su vestimenta e insinúa la presencia de dos ingleses entre sus hombres: "Su ejército es muy considerable, y además de la infantería lleva más mil hombres de caballería, españoles y mestizos, con fusiles, y al lado izquierdo y derecho de Túpac Amaru van dos hombres rubios y de buen aspecto, que paren ingleses, anda en un caballo blanco, con aderezo bordado de realce, su par de trabucos naranjeros, pistolas y espada, vestido de azul de terciopelo, galoneado de oro; su cabriolé en la misma forma, de grana, y un galón de oro ceñido en la frente. Su sombrero de tres vientos, y encima del vestido, su camiseta o unco, semejante a un roquete [casulla] de obispo, sin mangas, ricamente bordado, y en el cuello una cadena de oro, y en ella pendiente un sol del mismo metal, insignias de los príncipes, sus antepasados."

En febrero de 1781 se levantaron Chuquisaca y Oruro, en marzo Tupiza, Puno, La Paz y Jujuy, donde decían «Ya tenemos rey Inca". Unos 5000 indios en una extensión de 1500 kilómetros, de Salta al Cuzco, se dispusieron a seguir al rebelde. En Oruro, donde hubo mucha participación de mestizos, se fijó en abril del 81 este pasquín:

Ya en el Cuzco con empeño quieren sacudir y es ley, el yugo de ajeno rey y coronar al que es dueño. ¡Levantarse americanos! tomen armas en las manos, y con osado furor maten, maten sin temor a los ministros tiranos.

Y en marzo de 1781 fijaron en la puerta de la Audiencia de Charcas:

“El general inca viva jurémosle ya por rey, porque es muy justo y de ley que lo que es suyo reciba. Todo indiano se aperciba a defender su derecho porque Carlos con despecho los aniquila y despluma y viene a ser todo, en suma, robo al revés y al derecho “.

Como fácilmente se ve en estos versos, mestizos y criollos protestaban sobre todo por la política impositiva de Carlos III. El movimiento de los comuneros de Nueva Granada, esencialmente antiimpositivo, tomó elementos tupamaristas, pero con predominio criollo. "El día 16 de marzo de 1781, día de mercado, se presentaron en la plaza del Socorro unos cuantos hombres... vociferando que no pagarían los impuestos"; ante la intervención del alcalde que trataba de disuadirlos, "una mujer llamada Manuela Beltrán se acercó a la puerta de la casa donde estaba fijado en una tabla el edicto del Visitador y al grito de 'Viva el rey y muera el mal gobierno!', desgarró el edicto y volvió pedazos la tabla entre los vivas y aplausos de la multitud". Sucesos semejantes ocurrieron en distintas ciudades de Nueva Granada, con la diferencia de que en algunos pueblos se añadía al repudio por los impuestos algo mucho más grave: el reconocimiento de Túpac Amaru como nuevo rey. «¡Que viva el rey inca y muera el rey de España y todo su mal gobierno y quien saliese en su defensa!», gritaban en Silos, mientras en los llanos de Casanare y pueblos aledaños, un criollo, Don Javier de Mendoza, se ponía a la cabeza de los indios sublevados en mayo del mismo año y hacía jurar a Túpac Amaru como rey de América. Es posible, sin embargo, que los comuneros de Nueva Granada, en su mayoría criollos, hubieran tomado el nombre del Inca para atraer a su causa a los indios del lugar.

Túpac Amaru intentó todavía dar un golpe de mano atacando primero, pero el ejército realista fue advertido por un prisionero que se escapó y el golpe fracasó. La noche del 5 al 6 de abril se libró una desigual batalla entre los dos ejércitos. Según un parte militar relista «fueron pasados a cuchillo más de mil y derrotado el resto enteramente". Al verse perdido Túpac Amaru intentó la fuga: «viendo todo perdido -sigue contando el parte militar del 8 de abril- envió orden a su mujer e hijos de que huyesen como pudiesen y se arrojó a pasar un río caudaloso a nado, lo que logró. Pero a la otra banda el coronel de Langui, que lo era por su orden en este pueblo, por ver si indultaba su vida, le hizo prisionero y le entregó a los nuestros... lo mismo que a su mujer, hijos y demás aliados... A las seis de la mañana de este mismo día se condujo prisionero a Francisco Túpac Amaru, tío de José Gabriel, y a otro cacique llamado Torres, famosos capitanes del rebelde. El primero traía vestiduras reales, de las que usaban los Incas, con las armas de Túpac Amaru bordadas de seda y oro en las esquinas".

El final del Inca

Después de un juicio que había durado aproximadamente un mes - “El viernes 18 de mayo de 1781 habiéndose cercado la plaza con las milicias de esta ciudad del Cuzco... y cercado la horca con un grupo de mulatos y huamanguinos, arreglados todos con fusiles y bayonetas caladas salieron de la Compañía nueve sujetos José Verdejo, Andrés Castelo, un zambo; Antonio Oblitas el verdugo que ahorcó al general Arriaga; Antonio Bastidas; Francisco Túpac Amaru; Tomasa Condemaita, cacica de Arcos; Hipólito Túpac Amaru, hijo del traidor; Micaela Bastidas, su mujer, y el insurgente, José Gabriel. Todos salieron a un tiempo, uno tras otro. Venían con grillos y esposas, metidos en unos zurrones, de estos en que se trae la yerba del Paraguay, y arrastrados a la cola de un caballo aparejado. Acompañados de los sacerdotes que los auxiliaban, y custodiados de la correspondiente guardia, llegaron al pie de la horca, y se les dieron por medio de dos verdugos, las siguientes muertes:

..”A Verdejo Castelo, el zambo y a Antonio Bastidas se les ahorcó llanamente. A Francisco Túpac Amaru, tío del insurgente y a su hijo Hipólito, se les cortó la lengua antes de arrojarlos de la escalera de la horca. A la india Condemaita se le dio garrote en un tabladillo con un torno de fierro... Luego subió la india Micaela al tablado, donde asimismo en presencia del marido se le cortó la lengua y se le dio garrote, en que padeció infinito, porque, teniendo el pescuezo muy delgado, no podía el torno ahogaría, y fue menester que los verdugos, echándole lazos al cuello, tirando de una a otra parte, y dándole patadas en el estómago y pechos, la acabasen de matar. Habiendo el indio su mujer visto con sus ojos ejecutar estos suplicios hasta en su hijo Hipólito, que fue el último que subió a la horca.  Cerró la función el rebelde José Gabriel, a quien se le sacó a media plaza: allí le cortó la lengua el verdugo, y despojado de los grillos y esposas, lo pusieron en el suelo. Le ataron las manos y pies a cuatro lazos, y asidos éstos a las cinchas de cuatro caballos, tiraban cuatro mestizos a cuatro distintas partes: espectáculo que jamás se ha visto en esta dudad. No sé si porque los caballos no fuesen muy fuertes, o porque el indio en realidad fuese de hierro, no pudieron absolutamente dividirlo después que por un largo rato lo estuvieron tironeando, de modo que lo tenían en el aire en un estado que parecía una araña. Tanto que el Visitador, para que no padeciese más aquel infeliz, despachó de la Compañía una orden mandando le cortase el verdugo la cabeza, como se ejecutó. Después se condujo el cuerpo debajo de la horca, donde se le sacaron los brazos y pies. Esto mismo se ejecutó con las mujeres, y a los demás les sacaron las cabezas para dirigirlas a diversos pueblos. Los cuerpos del indio y su mujer se llevaron a Picchu, donde estaba formada una hoguera, en la que fueron arrojados y reducidos a cenizas que se arrojaron al aire y al riachuelo que allí corre. De este modo acabaron con José Gabriel Túpac Amaru y Micaela Bastidas, cuya soberbia y arrogancia llegó a tanto que se nominaron reyes del Perú, Quito, Tucumán y otras partes...”

Dos meses después de la ejecución de Túpac Amaru, el 14 de julio de 1781, se anunciaron las sentencias contra los otros acusados. Ocho de ellos fueron sentenciados a muerte. Los demás fueron condenados a destierro o a prisión desde uno hasta diez años. Doce sujetos fueron absueltos y puestos en libertad. El juez Areche –en la carta que el 17 de enero de 1782 dirige al virrey– se presentó como un juez moderado: "Notará vuestra excelencia cómo agoté toda mi piedad, pues... sólo dieciocho salieron a la plaza clamando la justicia por su castigo". Considerando que los fiscales acusadores habían pedido 48 penas ordinarias para 79 reos.

El Proceso a Túpac Amaru y sus compañeros

Tomado libremente de:

La Causa Tupa Amaro:El proceso a los tupamaros. Cuzco, abril-julio de 1781

Bohumir Rodl, Zatec, Bohemia

Los expedientes judiciales guardados en el Archivo General de las Indias en Sevilla España, legajo 32 y 33 de la Audiencia de Cuzco, no fueron publicados en su totalidad durante más de 200 años. Solamente después que se instalara el gobierno de la junta militar de 1968 a 1980 en el Perú fue cuando se hicieron gestiones para que el gobierno español facilitara los documentos para su publicación y, bajo el título de “Los procesos a Túpac Amaru y sus compañeros”, se publicaron en Lima entre 1981 y 1982 tres volúmenes con un total de 2.532 página. De su lectura se pudo reconstruir gran parte de la historia de éste personaje y de los acontecimientos que en torno a su figura se desenvolvieron.

El 15 de mayo de 1781 se condenó a Túpac Amaru, a su esposa Micaela, a su hijo Hipólito y a otros cinco acusados a la pena capital y al martirio, llevándose a cabo tres días después en la plaza de Cuzco. La sentencia de Túpac Amaru no fue un documento jurídico, sino político. No se basaba sobre los crímenes del reo, sino en las medidas que había que adoptar para evitar en el futuro acciones similares. Fue hecha en contra de la estructura de la sociedad indígena andina, contra su organización, de su modo de vida, sus tradiciones culturales y políticas para imponer la hispanización total y liquidar definitivamente la institución del cacicato cuya efectividad política y organizativa había sido demostrada durante el levantamiento.

El proceso a los tupamaros se inició en Cuzco el 17 de abril de 1781 y terminado el 14 de julio del mismo, fue el más importante de toda la historia colonial española. De los más de 200 prisioneros, 71 hombres y 7 mujeres pasaron a ser juzgados en 64 causas, los demás fueron liberados sin proceso. Algunos de los presos ya habían sido juzgados por Francisco Xavier de Olleta y Valenzuela, auditor de guerra y abogado de la Real Audiencia de Lima, antes de la llegada del visitador general de los tribunales de justicia y comisionado por el virrey de Lima "con todas sus facultades y representación" José Antonio de Areche único juez de la causa, sin embargo a la llegada de éste fueron nuevamente interrogados y otra vez juzgados. Todo junto hubiera podido parecer una gran función de teatro, si no fuera por la ausencia del público quien estuvo solamente en el acto final: él de la ejecución de los condenados. Sin duda alguna fue un juicio político sin ningún derecho a apelación y en donde el destino de los acusado ya había sido decidido antes que este empezara.

Con una Real Orden el 8 de enero de 1782 se aprobaron las sentencias ejecutadas. Sólo un año más tarde, fue encargada a una junta de tres ministros del Consejo de Indias la evaluación de las sentencias de Areche. En sus conclusiones del 8 de noviembre de 1783, criticaron ante todo la parte política de la sentencia. Algunas de las medidas las consideraron como impropias, en otras recomendaron "que se ejecuten con moderación y prudencia y hasta que se vayan olvidado las especies de lo ocurrido". La evaluación general la junta fue:  "no halla defecto sustancial y grave, que pueda causar nulidad del procedimiento... aunque sí algunos menos sustanciales, que son disimulables por estar ejecutadas las sentencias y principalmente porque la atrocidad del delito en general, la necesidad del pronto castigo para escarmiento y la multitud de reos y causas a un propio tiempo, debieron dar arbitrio para excusar una rigurosa exactitud... No hay duda que los reos principales merecían el castigo que sufrieron". El 10 de noviembre de 1784 fue promulgada otra Real Orden que aprobaba definitivamente "en lo principal la sustancia y sentencia de las 64 causas... desaprobando solamente en una u otra aplicación del suplicio".

La investigación se efectuó en el antiguo colegio de la Compañía de Jesús, de nombre San Francisco de Borja, convertido en cárcel. Túpac Amaru estuvo solo en su celda y también su hijo Hipólito ya que fue apresado con la orden de que "con el citado reo no hable persona alguna". El cacique Miguel Zamalloa se quejó en su defensa de que ya desde hacía dos meses estaba en un calabozo lóbrego, fétido, negándosele cualquier comunicación. Podemos conjeturar sobre la calidad de la alimentación basándonos en un informe médico según el cual Francisco Castellanos, de 18 años, preso ya desde noviembre, enfermó "con una gran fiebre la que termina en unas petequias, signos de un gran escorbuto".

Como juez pesquisidor Areche nombró a Benito de la Mata Linares, oídor en la Real Audiencia de Lima, "comisionado para formalizar los autos de la rebelión" y que actuaría como juez instructor y auditor de guerra.

José Agustín Chacón y Becera, "escribano notario público, procurador de número y curador ad litem" fue uno de los intérpretes de lengua quechua, "porque las leyes de este reino prescriben la asistencia de los intérpretes de la confesión si es un indio".

Benito de la Mata Linares, de veintiocho años de edad, movido por las presiones y la prisa del visitador quien creía que con la ejecución de Túpac Amaru terminaría la rebelión y se normalizaría pronto la situación, trabajó sin cansancio desde la mañana hasta entrada la noche para lograr este objetivo. Durante un mes, Mata Linares seleccionó a los nueve reos principales, con Túpac Amaru a la cabeza.

Las pruebas se basaron en documentos escritos y en las declaraciones de los testigos. Por eso seleccionaba y analizaba montones de cartas y bandos encontrados principalmente en la casa de Túpac Amaru en Tinta. ¿Fue sólo un descuido inexplicable del Inca, que no consideró los materiales escritos como pruebas incriminatorias y no pensó en destruirlos a tiempo? o, ¿Quizás, creyó hasta el último momento que lograría contener el avance de las fuerzas reales y que se acordaría la paz? Después de la derrota final del 6 de abril de 1781 le quedó sólo huir precipitadamente. De tal manera que su archivo cayó en las manos del enemigo.

Cada causa individual comenzaba con el interrogatorio de los testigos, que hablaron bajo juramento. Ante el juez pesquisidor desfilaron varias decenas de ellos. Testigos principales en el proceso pasaron a ser los escribanos y consejeros de Túpac Amaru. Diego Ortigoza, José Escarcena, Mariano Banda, Manuel Galleguillos y Francisco Molina. Angustiados, declararon la culpabilidad de todos los demás, solamente negaban la suya. Declararon de tal manera para conseguir su liberación o una condena menor. La mayor parte de las acusaciones no las podían probar. Lo que afirmaban, lo conocían sólo por haberlo escuchado, se trataba de pruebas de segunda mano; no obstante, al final, sus testimonios sirvieron para inculpar a Túpac Amaru.

La mayor parte de los testigos eran los mismos prisioneros. Pero en algunos casos hacía falta conseguirlos afuera  en la ciudad o en la provincia así que se nombraron jueces que recorrieran diferentes lugares de la región para "tomar la sumaria información sobre la vida, hechos y costumbres" de los reos.”

Los interrogatorios de los testigos concluían con un careo con los acusados, haciéndoles la siguiente pregunta: "si se afirma en lo que tiene declarado, que se leyó a presencia del reo". Los testigos casi nunca cambiaron sus declaraciones. Después de esto y a veces, después de la declaración de los reos, a esto últimos se les exigía que confesaran sus delitos y se ordenaba embargar sus bienes.

A Marcos de la Torre, un cacique acaudalado: "La casa de su morada en Acomayo, con sala y siete cuartos de vivienda con sus puertas y ocho llaves corrientes, y en la sala, trece lienzos, entre chicos y grandes, de diferentes imágenes".

A la adinerada panadera Antonia Paúcar de Cuzco: 45 cuadros..

A Francisco Túpac Amaru y Antonia Túpac Amaru : "una casa con diez lienzos".

Esto demuestra la gran divulgación de la escuela de pintura cuzqueña incluso afuera de los círculos eclesiásticos

Sin embargo en la gran mayor de los casos se llegaba a la conclusión que "no tuvo bienes ningunos, sólo el vestido que trae en el cuerpo", como se refiere en el caso de Galleguillos, quien "no tenía bienes por ser un pobre mozo tejedor".

Pedro Venero intentó salvar sus bienes declarando "que no tiene bienes ningunos, que todo es de su mujer", quien fuera una prima de Túpac Amaru.

Según escribe José M. Ots y Capdequí, conforme la Real Cédula del 25 de octubre de 1794, los gastos de "manutención, avío y transporte de reos debían costearse a costa de los bienes de los propios reos y en su defecto del ramo de gastos de Justicia o Penas de Cámara del Distrito".

De la composición social y étnica de los comprometidos en el levantamiento informa el valioso estudio Scarlett O' Phelan Godoy del cual se deduce que se trataba de personas  de diferentes sectores sociales, desde hacendados y caciques hasta indios tributarios y esclavos. Étnicamente representaron perfectamente la estructura contemporánea de la sociedad del virreinato: españoles, criollos, mestizos, indios, zambos, mulatos y negros, aún cuando el levantamiento fue un suceso predominantemente indígena.

El proceso continuaba con el interrogatorio del acusado, a menudo las preguntas, preparadas de antemano, delimitaban el marco de las respuestas y las inducían. Los escribanos las apuntaban sólo de manera abreviada. Los acontecimientos fueron parcelizados y extraídos del contexto. Nos queda la duda de que las respuestas de los interrogados se puedan considerar como reflejo certero de la realidad, sino más bien el testimonio de la presión de los pesquisidores y del temor que estos infundían sobre los interogados. Hay que tomar en cuenta también que muchos de los testigos eran indígenas que no hablaban castellano, el interrogatorio se llevaba a cabo con un intérprete. No sabemos si las respuestas fueron dictadas por el juez, o si fueron formuladas por los  escribanos ayudados por el intérprete transformando así las declaraciones de los interrogados en la tan deseada evidencia. Ante el juez pesquisidor declararon los indios, pero en los protocolos no son ellos quienes hablan directamente.

Salvo en el caso de Túpac Amaru quien fue torturado, en los protocolos se evidencia un solo caso de uso de la violencia física durante el interrogatorio del casique Antonio Quispe que se llevó a cabo en Acomayo. Su defensor, apuntó al respecto durante la defensa: "era capaz de confesar que era uno de los judíos que crucificaron a Cristo".Por eso, negó posteriormente en Cuzco su declaración original.

Casi todos los acusados se esforzaron en esconder o, al menos aminorar su participación activa en los acontecimientos. Sus respuestas eran una mezcla de verdad, inventos y hechos callados, movidos por la desesperación y por la esperanza de la salvación. Muchos de ellos subrayaban que habían participado obedeciendo a Túpac Amaru, "creyendo que era orden del Rey". La mayor parte se defendía con "que han estado con Túpac Amaru no por su voluntad pero forzado". Tratando de distanciarse al máximo de Túpac Amaru. Micaela se quejó de haber cumplido las órdenes de su esposo por temor a la violencia a la que la sometía. Sólo su hijo Hipólito tuvo el valor de responder a la pregunta diciendo que sí había deseado que su padre saliera bien en la empresa. Hasta cómica parece la declaración de Lorenzo Valera, capitán rebelde de Quiquijano. Confesó que iba a luchar con sus indios contra el ejército real, "pero que nada hizo, porque lo botó la mula en el camino".

Algunos de los interrogados se animaron a denunciar los crímenes de los soldados reales, sus declaraciones fueron apuntadas en los protocolos. Pero no se hizo nada al respecto. El testigo Miguel de Paiva, en la causa de Manuel Ferrer, habló de la violencia de los indios de Chinchero y Ante que lucharon de parte de los realistas: "fueron quitando violentamente a los mozos e indios de los pueblos que transitaban con la tropa, mulas, caballos, borricos y cuanto encontraban y a las indias las desnudaban después de maltratarlas". Contra los culpables no se levantó ningún cargo. El tribunal consideraba las acusaciones de ese tipo como irrelevantes.

Terminado el procedimiento probatorio, entraban al escenarios los fiscales acusadores, también nombrados por Areche, o por Mata Linares. Se habían nombrado en total siete fiscales: Pablo de Figueroa, Tomás de Vera, José de Zaldívar y Saavedra, Antonio Felipe de Tapia, Pedro Núñez, Gregorio Murillo y Melchor de Bustamante. Habían sido escogidos del gremio de los abogados locales, de las Audiencias de Lima y Charcas. En Cuzco no faltaban abogados.  Además de su profesión tenían también otras fuentes de ingresos. Los abogados como José de Zaldívar y Saavedra, fiscal acusador de Túpac Amaru tenía cincuenta años era regidor de Cuzco y coronel de los ejércitos reales, dueño de varias haciendas y  comerciante de azúcar "con las provincias de arriba"; Domingo Astete, abogado, notario y capitán de infantería, poseía haciendas; Matías Isunza y Miguel de Iturrizarra eran sacerdotes. En la casa de Isunza, en Lima, se hospedaba Túpac Amaru durante su estadía en la capital.

Vale la pena fijarse en la actitud diferente de los abogados cuzqueños durante el proceso con los tupamaros y en él que había tenido lugar hacía apenas un año atrás, en abril de 1780, contra el criollo Farfán de los Godos y sus compañeros responsables de un levantamiento. En aquella oportunidad de los fiscales y de los defensores nombrados por el corregidor, cinco abogados se negaron a cumplir con el cargo, solo el uno, Pablo de Figueroa, bajo la amenaza de ser multado con 200 pesos, aceptó.En el proceso contra los tupamaros, únicamente el abogado Domingo Astete y Delgado se había esforzado en vano por rechazar el nombramiento de defensor de oficio. El diferente comportamiento de los abogados cuzqueños en los dos eventos ilustra como estos se sentían con respecto a sus conciudadanos criollos y para con los indios.

También indica la dramática atmósfera en la cual vivían los blancos en el Cuzco. El temor que les causaban los indígenas. El miedo los indios fue el sentimiento predominante en la sociedad de los españoles y criollos de la sierra. El fiscal De Vera, en su acusación al indio Antonio Quispe, argumentó: "sin temeridad se puede sentar por muy firme proposición que la fidelidad de todo indio al Soberano en el día sólo es de perspectiva o presencia del señor Visitador y las tropas que los contienen, este aserto lo podría asegurar todo español".

La mayor acusación fue la de Crimen de Lesa Majestad conforme a diferentes “partidas” –artículos – de la Nueva Recopilación de Castilla. De Crimen de Lesa Majestad no fue acusado solamente Túpac Amaru, sino también todos los "que se ponen con los enemigos a guerrear o hacer mal al Rey o al reyno, o les ayuda con el hecho o consejo o envía carta mal al Rey o al reyno, o les ayuda con el hecho o consejo o envía carta o mandado porque los aperciba de alguna cosa contra el Rey y daño de la tierra", se les acusó también de “conspiración con el objeto de derrocar al rey de España, conseguir la independencia del país y renovar el Imperio Inca”. Otras acusaciones se referían a "los incendios, los homicidios de eclesiásticos y seculares, el profanar los templos, los robos y los perjuicios a la Real Hacienda". También la acusación consideró como crimen el “estar de acuerdo y no impedir los planes y las acciones de Túpac Amaru”.

Elaborar las acusaciones les llevó a los fiscales unas 24 horas a partir del día del nombramiento, pero incluso algunos fueron capaces de entregarlas en el mismo día. La mayor parte de ellas no contiene referencias a las leyes; son breves, a pesar de requerir la pena capital. Por un mayor acento en las normas jurídicas se caracterizó las formuladas por Zaldívar y Saavedra. Zudaire le llamó "abogado de crédito y de prudencia y experto en esas lides". De nueve causas que elaboró, en ocho pidió la pena capital, aún cuando el juez Areche condenó a muerte sólo a tres de ellos.

Para los acusados José Escarcena y Mariano Banda Zaldívar pidió además el suplicio antes de la ejecución: "declararlos por tales reos de Estado, e imponerles las penas del último suplicio de horca, siendo primero arrastrados a la cola de un caballo, perdimiento de bienes, infamia perpetua en sus sucesores y destrucción de las casas de su habitación, si las tuviesen, salarlas y no poderlas volver a erguir, para perpetua memoria de la infamia". Areche condenó a los dos a sólo dos años de destierro. Sin embargo para Túpac Amaru el fiscal sólo pidió la pena de muerte en la horca, "aunque sea hidalgo", Areche opinó que el castigo era demasiado leve y lo condenó al suplicio.

De 79 acusados 12 habían sido arrestados sin motivo, y sus mismos acusadores pedieron que fuesen liberados. Respeto a todos los demás casos quienes llevaban la acusación sabían a priori que los imputados debían ser encontrados culpables de algo. "El abogado Solicitador Fiscal, conoce mi inocencia, con todo, por llenar su oficio pide que se me condene a destierro...", se refirió al procedimiento de su acusador José Unda durante su defensa. No faltaron casos en que a  los crímenes cometidos se les agregasen otros inventados. "Empeñado este ministro en fiscalizar al reo, le hace más cargos de los que debe", expresó el curador de Hipólito Túpac Amaru, Chacón Becerra, al comentar la conducta del acusador Murillo. Sólo pocos manifestaron una verdadera voluntad para averiguar la verdad.

Una vez conocidos los cargos, al acusado se le preguntaba a quien escogía como defensor, o si pedía "al Señor Oidor Juez que le nombrase abogado de oficio que le defendiese". La posibilidad de escoger un defensor de oficio entre disponibles fue aprovechada por dieciocho acusados: un indio, un zambo, un español y los demás mestizos y criollos. En general fueron personas de un nivel social más acomodado. En total 12 personas pidieron como defensor a Miguel Iturrizarra, 3 a Domingo Astete, 2 a Matías Isunza, y 1 a Juan Munive. Astete intentó rechazar con una escusa la defensa del indio Matías Laurente "porque tengo que pasar a mis haciendas al recojo de mis sementeras", pero Mata Linares no le complació.

El cargo curador de menores le correspondió a José Agustín Chacón y Becerra. Defendía a los acusados menores de veinticinco años. También estos fueron invitados a escoger a un curador. Hipólito Túpac Amaru de 20 años, Antonio Valdés y Francisco Castellanos de18, Pascual Mansilla de 20 y Ramón Delgado de15  pidieron que se les nombrase un curador ad litem. En todos los casos fue nombrado Chacón y Becerra. Además del curador fue asignado a cada uno, conforme a su petición, un abogado defensor de oficio.

El complicado laberinto de las leyes y de las normas jurídicas españolas posibilitaba que se llegara a conclusiones y a sentencias totalmente opuestas. Eso dificultaba su obligatoriedad. Entre la parte acusadora y la defensa había controversias acerca de la aplicación del Derecho Castellano versus el Derecho Indiano que, en muchos casos no concordaban. Mientras que la acusación se apoyaba ante todo en la Nueva Recopilación de las Leyes de Castilla y la ley de las Partidas, algunos de los defensores aprovechaban la Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias -promulgada en 1680- más tolerante para con los indios aun en el caso de que se hubieran levantado contra el rey: "Mandamos a los Virreyes, Audiencias y Gobernadores, que si algunos indios anduvieren alzados, los procuren reducir, y atraer a nuestro real servicio con suavidad y paz, sin guerra, robos, ni muertes... y perdonar los delitos de rebelión que hubieran cometido... aunque sean contra Nos y nuestro servicio".

Los acusadores, preferían no regirse según el Derecho Indiano ya que les hubiera complicado los procesos. Además existía la controversia en cuanto en la ley 2, título 1, libro 2 de la Recopilación de Indias, se decía: "en todos los casos, negocios y pleitos en que no estuviere decidido, ni declarado lo que se debe proveer por las leyes de esta Recopilación, o por cédulas, provisiones u ordenanzas dadas y no revocadas para las Indias y las que por nuestra orden se despacharen, se guarden las leyes de nuestro reino de Castilla…." Por último según apuntó Ricardo Levene "las Leyes de Indias no están redactadas con precisión y más parecen que aconsejan antes de que mandan".La acusación pudo encontrar también apoyo en la nueva Real Pragmática del 17 de abril de 1774, por la cual eran "objeto de penalidad especial los que en los territorios de América resultaren reos de conmociones populares y motines contra el orden público", lo mismo que en el decreto del 18 de setiembre de 1776 "que prohibirá toda murmuración y declamación contra el gobierno. La gravedad del delito de traición excluía a los culpables de cualquier medida de perdón que pudiera concederse".

Los abogados defensores presentaron argumentos poco convincentes. A menudo desvirtuaban a los testigos presentados por la acusación por no ser testigos presenciales sino simplemente “de oídas”, de ser inhábiles por estar a su vez acusado del delito de Lesa Majestad o porque las declaraciones eran "producidas con pasión y odio implacable y estos motivos las hacen inhábiles". En el caso del testigo Cisneros, el defensor expresó que aquél "siempre ha sido enemigo de los indios". Otro argumento frecuente era que el reo "fue amenazado por un tirano (Túpac Amaru), y los que son forzados no son en culpa". No faltó tampoco el argumento de que "había servido a Túpac Amaru de buena fe en obediencia a su Majestad". También los defensores argumentaban que el acusado ya había sido "perdonado por los comandantes de las columnas reales y un delito perdonado en nombre de Su Majestad no tiene retroceso a la pena". El defensor Núñez, en la causa de Rafael Guerra, dejó de ser cauteloso y atacó al acusador diciendo "pide su castigo más por la vindicta pública que por el delito que contra él halla".

Nueve acusados aprovecharon la posibilidad de redactar su propia defensa, con la ayuda del defensor. Tuvieron derecho a mirar los escritos y pedir nuevos testigos. Podían criticar los argumentos de la parte acusadora.

Un verdadero monumento del espíritu jurídico ético español pasaron a ser las defensas que hizo Juan Antonio Munive. Se basó sobre el Derecho Indiano en cuyo origen estuvo de Las Casas. En trece causas defendió a 14 reos, en la mayor parte mestizos. Pudo usar las Leyes de Indias sobre todo defendiendo a los indios Andrés Poma e Isidro Mamani. Como argumento usó la benevolencia del rey frente a los indios. Munive cita la Real Cédula del 25 de diciembre de 1772 dirigida a la audiencia de La Plata sobre los tumultos de los indios en las provincias de Sicasica, Carangas y Pacajes en contra los corregidores.  Esta ordenaba "no castigar a los indios sino más bien a los corregidores por su excesivo repartimiento que provocó los alborotos con muertes y otras atrocidades".

La defensa del 23 de junio, toma fuerza al fustigar las represalias sangrientas de los comandantes de las columnas reales y refiriéndose a las ejecuciones organizadas por Areche en la plaza de Cuzco el 18 de mayo: "...habiéndose ejecutado sangrientos y rigurosos ejemplares en esta plaza y en demás de las provincias levantadas, ahorcando y abaleando a varios indios, parece que el público debe hallarse satisfecho del todo, o de lo contrario será preciso arrasar los pueblos enteros para que no quede ninguno de esta nación con la nota de complicidad lo cual no parece conforme al espíritu de nuestro derecho patrio". Con las preguntas desafiantes de: "¿Qué será si les comienza a ahorcar sólo porque así lo manda la ley de Castilla? ¿Cuándo conseguiremos entonces la pacificación en que tanto se trabaja?" Pues la sublevación aún no cesaba y la inflexibilidad del visitador solamente la estaba prolongando. Llama la atención que Areche tolerara semejantes atrevimiento.Munive, jurista erudito, humanista y cura intrépido, sobresalía considerablemente en el aspecto moral sobre el resto de sus colegas que tomaron parte en los procesos.

El Cuzco

La defensa del acusado principal, Túpac Amaru, fue a cargo de  Miguel Iturrizarra y Béjar quien defendió también a otros veinticuatro reos en diecisiete causas. Abogado de las audiencias de Lima y de Charcas,  Promotor Fiscal Eclesiástico del Obispado del Cusco y cura de Caycay, en comparación con Munive, Iturrizarra no era tan brillante. "No hago capricho de oponerme a todas las ideas del fiscal", expone al principio de su defensa de Túpac Amaru. "Este sería un propósito detestable de que no me excusaría el título de defensor del reo, siempre que mi contradicción no fuese bastantemente fundada." La defensa, teniendo en cuenta lo serio y significativo de la causa y comparada con la acusación, fue sorprendentemente concisa. Iturrizarra aceptó que Túpac Amaru estaba acusado justamente del sedición y de "los incomparables daños que de ella han resultado al rey, a esta ciudad y todo el obispado", por lo cual le correspondía castigo según la ley. Sin embargo, pidió "absolverle de las penas ordinarias que le corresponden por ellas, y cuando no haya lugar a darle por libre de ellas, moderar a lo menos las circunstancias que las agraven". Quería justificar al acusado aduciendo "que la intención de su rebelión no fue otra que la de obligar por este medio a los jueces superiores a extinguir los repartimientos, y al mismo tiempo acredita su obediencia al Rey Nuestro Señor" y que  no se había comprobado "haber intentado apoderarse del reino y despojar al Rey la posesión que tiene en estos sus dominios, por no encontrarse en los autos prueba que convenza de estas circunstancias". Pero Iturrizarra no logró defender sus argumentos al juez Areche.

Iturrizarra también argumentó que el acusador basó sus afirmación sobre el supuesto separatismo de Túpac Amaru en una prueba poco fiable un papel que se halló en el bolsillo de Tupa Amaro al momento de ser detenido: "... aún no es prueba suficientemente de su depravada intención, porque pudo suceder, y acaso sucedió, como el reo lo expresa en su confesión, que alguno de sus cómplices y partidarios que aspiraban a lisonjearle le hubiese suministrado la pieza, y por lo mismo que él no la suscribió ni la publicó, antes si la reservó en el bolsillo, se cree que no quiso usar de ella ni arrogarse el título de rey del Perú".

Con respecto a este borrador, llamado más tarde e forma exagerada "Bando de la coronación", existían  serios indicios de que realmente no había sido de autoría Túpac Amaru inclusive hay evidencias de que el mismo Mata Linares estuvo convencido de esto.

Es sorprendente que para averiguar sobre una prueba tan importante como esta y en la cual se basó la sentencia, no se haya hecho otra averiguación sino que solamente el interrogatorio a Ortigoza lugarteniente de Túpac Amaru. Conforme a la declaración Micaela quien era analfabeta, este le habría leído el borrador en Tinta. Con las sucesivas derrotas, Túpac Amaru iba perdiendo autoridad entre los levantados. Las crecientes controversias entre los distintos cabecillas se debían a los diferentes intereses y objetivos y a las distintas visiones de la realidad. Al final, el llamado levantamiento de Túpac Amaru consistía en varias rebeliones simultáneas. El "Bando" no correspondía a sus objetivos. Parecía más bien ser expresión de la voluntad de los más radicales, quienes de este modo trataron de imponerle un papel que según ellos él debía desempeñar.

La idea de los sectores más radicales era provocar una revolución. En la primera frase del Bando se dice: "Por cuanto es acordado por mi consejo en junta prolija, por repetidas ocasiones, ya secretas y ya públicas, que los reyes de Castilla me han tenido usurpada la corona y dominio de mis gentes..."

Sin embargo aún cuando en el transcurso del interrogatorio a Túpac Amaru apareció la idea de la restauración de la dinastía de los Incas, y en ninguno su discurso fue de estilo mesiánico y milenarista.

Su  acusador no mencionó y tampoco lo hizo el  defensor la Proclama a los Habitantes de Cuzco del 16 de noviembre de 1780, en la que Túpac Amaru incita a abandonar los chapetones y con la cual promete libertad a los negros que dejasen a sus amos y se uniesen a los levantados. Hoy día suele ser considerada la "Proclamación de la libertad", que abolía la esclavitud en el Perú. Pero esta interpretación no corresponde a sus los verdaderos. Las razones fueron  tácticas, contra la orden del corregidor de Cuzco que un día antes ordenó a todos los hacendados que llevasen a la ciudad a todos sus esclavos mayores de 16 años para usarlos como un ejercito defensor. Los esclavos negros fueron considerados como aliados leales de los blancos contra los indígenas. Por eso, Túpac Amaru actuó sin miramientos éticos prometiendo la libertad solamente a los desertores. En el campo de los rebeldes encontramos solamente a unos cuantos negros, sirvientes, que seguían siendo esclavos.

La opinión de los criollos cuzqueños sobre el cacique durante los primeros días de la rebelión la podemos deducir por lo que se les dijo durante una reunión del clero con el obispo Moscoso el 13 de noviembre de 1780 a los emisarios que iban a enviar a Túpac Amaru. A estos se les advertía de que se iban a entrevistar "no con un hombre que no reconoce superior, ni teme el castigo de su delito, sino con un hombre que a pesar de su orgullo todavía reconoce por su Rey y Señor" y en consecuencia hacía falta darle "una promesa de perdón", y este episodio fue posterior a la ejecución de Arriaga. Particularmente en este caso Arriaga había sido excomulgado por Moscoso, por eso hubo especial comprensión.

Aparentemente Túpac Amaru sostenía con el levantamiento ayudaba al rey a desprenderse de los “malos oficiales que se hacían ricos a costa de los peruanos y debilitaban el reino”. En una carta a Areche del 5 de marzo de 1781 se refería a la ley que ordenaba "que sean extrañados los que inquietan y perturban, y siendo los corregidores los perturbadores e inquietadores por ley deben ser desterrados... de aquí nace otra consecuencia, de que nosotros matando a los corregidores y sus secuaces hemos grandes servicios a Su Majestad, y que somos dignos de premio y correspondencias". Lo mismo repitió también en el interrogatorio ante Mata Linares: "No tuve otra intención, antes bien creer que era acción buena y que aún por ella merecía gracias". Tenía la ideas que era época de reformas de la organización política y administrativa del imperio y que por sus méritos y "como descendiente de los reyes incas y marqués de Oropesa" sería nombrado capitán general. La división del virreinato del Perú a causa de la formación del virreinato del Río de la Plata (1776) y de la capitanía general de Chile (1778), y la formación de la capitanía general de Venezuela (1777) en el virreinato de Nueva Granada, pudo haber llevado a Túpac Amaru a pensar en una capitanía general de la región andina y, con él como Capitán General.

La idea de la autonomía en el marco de la monarquía española, "las dos soberanías dentro de un estado", había sido formulada ya en el siglo XVI por Fray Bartolomé de Las Casas. Lo mismo pensaron también Poma de Ayala y Garcilaso, autor predilecto de Túpac Amaru. Este dilema de la aristocracia indígena lo caracteriza acertadamente Ana María Lorandi: "Convivía con las dos verdades, en una especie de esquizofrénica dualidad de lealtades... Inca y caballero del rey al mismo tiempo". Túpac Amaru se consideraba Inca, pero como marqués de Oropesa quería servir también al rey.

Cuando en la carta a Areche del 5 de marzo de 1781 ofreció su capitulación, esperó más bien a parlamentarios y no a un ejército. A pesar de la respuesta negativa siguió creyendo en la reconciliación. Después del enfrentamiento de Pucacasa volvió a ofrecer su capitulación a las huestes diezmadas del mariscal Del Valle.

En Tinta, Del Valle despierta esperanzas en Túpac Amaru, ya preso, con una aceptación gentil y con promesas: "Ha obrado como caballero con nosotros". Lleno de optimismo, Túpac Amaru escribe a sus colaboradores más cercanos que todavía huían que regresaran a Tinta "pues se ha conseguido el perdón general para todos y el fin de nuestra empresa que era quitar repartos y otras pensiones que hostilizan el reino... bajo de la palabra real promete dicho señor inspector hacernos todo favor". A la carta destinada a Andrés de Mendigure adjunta en  "auto" exhortaba a los levantados "de mi dominio, para que se retiren a sus pueblos respectivos soltando las armas". Creyó haber conseguido un compromiso aceptable. "Ya hemos alcanzado justicia". No se dio cuenta de que el lo estaba engañando: "Todo se lo concedí con el único objeto de descubrir sus máximas, y perjudiciales intenciones, y sin ánimo de hacer uso de ellos", escribió Del Valle el 8 de abril en su informe.

Túpac Amaru confió en las palabras del mariscal. Aun siendo escoltado de Tinta a Cuzco conversó con José Álvaro Cabero, corregidor de Aymaraes, lleno de optimismo en cuanto al futuro.

Sus esperanzas se esfumaron en el momento de la entrada humillante al Cuzco, que terminó tras la puerta de la cárcel. Ya durante el primer interrogatorio llegó a convencerse de que Areche pensaba cumplir su amenaza, mencionada en la carta del 12 de marzo de 1781: "...que ya Vuestra Merced se pierda para el Mundo se logre el cielo con los suyos, que se hallan en igual caso". Por eso intentó huir. Quería sobornar a sus guardias con promesas, pero no le resultó. Su última esperanza fue el virrey Agustín de Jáuregui. "Estaba esperando unos despachos a su favor del señor virrey", apuntó en su declaración ante Mata Linares el escribano. Fue el último error de su vida. Ya que no estaba al tanto de la rivalidad y enemistad que existía entre el visitador  y el virrey.

* Mita: Repartimiento que en América se hacía por sorteo en los pueblos de indios para sacar el número correspondiente de vecinos que debían emplearse en los trabajos públicos.

** Corregidor: Magistrado que en su territorio ejercía la jurisdicción real . alcalde nombrado libremente por el rey para presidir el ayuntamiento y ejercer varias funciones gubernamentales.

http://webs.sinectis.com.ar/mcagliani/tupac.htm/

Extractados del libro "Las mil y una historias de América", de Lucía Gálvez, editorial Norma. 1999.