Coincidimos totalmente. Y estamos convencidos que por esa importancia material y por los valores inmateriales que la ciudadanía conlleva, las ciudades están llamadas a cumplir en la sociedad socialista venezolana, el papel estructurador principal. La ciudad es, en esencia, el contacto personal. Ella es, a pesar de las limitaciones del capitalismo, el lugar de encuentro, de intercambio, de comunicación, y también de organización social –expresiones todas, de la cultura–, realizadas en sus espacios públicos que son las calles y plazas.

 Estamos hablando, y así lo asume el ministro, de unas estructuras sociales radicalmente diferentes a lo que fueron las antiguas ciudades-estados, política y militarmente independientes, pero también muy diferente a las de nuestro actual sistema de municipios caracterizados por: un territorio extenso sobre el que su engañosa autonomía política y administrativa tiene limitaciones de gestión al estar desprovista de capacidades sustentables propias, con débil definición entre lo urbano y lo rural, mal dotado de la infraestructura necesaria para atender a las comunidades dispersas que lo habitan. Todo ello coadyuva en mantener estructuras de gobierno ineficaces, separado de la gente, con muy baja capacidad productiva, y dependientes de una renta proveniente de la asignación estatal y de la explotación salvaje del capitalismo.

 Este diagnóstico consolidado con la convicción de que la ciudad es un hecho cultural por excelencia, nos lleva a avizorar que la cultura revolucionaria es la que está llamada a desempeñar un papel protagónico en la transformación de estas, nuestras viejas ciudades precapitalistas, en las nuevas ciudades del socialismo, desmontando la carga que establecieron las relaciones comerciales e inmobiliarias impuestas por quienes, durante siglos, concentraron el poder que a menudo tenían que decidir –con resultados ya conocidos– entre el dinero que aportaba el urbanizador o el financista y el interés de los vecinos y su potencial reacción, sustituyéndolas por las nuevas relaciones que debe establecer el interés colectivo. En términos ideológicos sería la respuesta del socialismo al paradigma de la planificación estratégica global y regional que fue planteada por el neoliberalismo como reto para el siglo XXI, y que presupone una integración de diversas ciudades periféricas aledañas conformando regiones económicas.

 Nuestra propuesta es dotar a cada ciudad, por pequeña que sea, de un gobierno municipal. Convertirlas en ciudades-municipios que les permitan superar los males de esa división política territorial que dio origen a los actuales municipios venezolanos. Las ciudades-municipios del socialismo tienen que ser otra cosa: ciudades compactas y diversas, autónomas y sustentables, con territorio concentrados alrededor de ellas que faciliten su sustento y eliminen los desequilibrios sociales y territoriales existentes, y donde los consejos comunales adquieren su más relevante papel. Ellos son los que le otorgarían a la ciudad y su territorio aledaño, carácter integral y sistémico y, a su vez, la ciudad les da organicidad efectiva a esos consejos convirtiéndolos en su gobierno real. Pero es que, además, esta nueva organización municipal facilitaría combatir el abandono rural, y algo muy importante, la administración de áreas estratégicas, pues dejaría fuera del nuevo ámbito municipal aquellos territorios cuya productividad tiene, dentro del sector primario de la economía, escala e importancia nacional, colocándolos bajo la administración del gobierno central o regional, según sea el caso. Veámoslo más en detalle.

 Tradicionalmente los elementos esenciales de la organización municipal son: la población, el territorio y la organización. En las nuevas ciudades-municipios esta esencia tiene su nueva expresión de la siguiente manera:

El territorio. Los nuevos municipios serán fundamentalmente sistemas urbanos al incluir aquellas porciones del territorio rural aledaño que están asociados íntimamente a la ciudad, y que son esenciales a las actividades culturales, productivas y de consumo de ella. De esta manera el establecimiento de ese ámbito municipal estaría determinando la vocación económica de los municipios, que es vital en la elaboración de los planes de desarrollo de ciudades sustentables.

La población. Ella estaría determinada por la existencia de un número mínimo de consejos comunales, que son la célula básica del municipio. Esta suma de consejos dependerá, claro está, de los niveles de concentración poblacional existente en cada ciudad, sin embargo, una rápida revisión a la población de las ciudades venezolanas que actúan como centros de parroquias nos muestra que ellas tienen, salvo muy contadas excepciones, esas condiciones. Esto nos llevaría a señalar, asumiendo lo planteado por la Ley de los Consejos Comunales -un consejo comunal urbano a partir de 200 familias y un consejo comunal rural a partir de 20 familias-, que cada ciudad contaría por lo menos con un consejo comunal urbano y varios consejos comunales rurales, lo cual les daría a estas ciudades-municipios una población mínima por encima de 1.000 habitantes.

La organización. Hay experiencias europeas de organización del gobierno municipal de manera diferente a la que tenemos en Venezuela, inclusive más participativa y menos controlada por los partidos políticos que la nuestra. En la historia de viejas ciudades europeas se habla de la asamblea popular como forma de gobierno municipal. La Comuna de París estaba formada por los consejeros municipales, que eran responsables y revocables en todo momento. Para los revolucionarios franceses la comuna era la unidad de la nación: “la forma política que revistiese hasta la aldea más pequeña…” La constitución alemana de 1949 tenía un artículo, en relación a los municipios, que señala que ellos, en vez de un organismo representativo pudieran tener una asamblea comunal. De ahí que no sea nada nuevo plantear un gobierno para la ciudad conformado por un alcalde electo por todos los ciudadanos y, en vez del tradicional concejo municipal, una asamblea de delegados designados entre los ciudadanos que forman parte de los consejos comunales que están constituidos en cada ciudad. Esto le daría a este gobierno local un carácter mucho más ciudadano y con menos influencia del control político-partidista.

 El territorio nacional contaría así con una división político territorial que respeta la existencia de los estados actuales dándoles la responsabilidad directa, en nombre del gobierno nacional, en la gestión de aquellos territorios que están en el exterior de las ciudades –y de sus áreas de influencia– que se encuentran, o potencialmente lo harán, dedicados a actividades del sector primario de la economía o tienen algún tipo de valor estratégico. Nos referimos a territorios asociados a procesos industriales, extractivos y agrarios y también aquellos que constituyen reserva nacional, que son parques u otro tipo de áreas de administración especial y los de interés para la defensa nacional.

 
            Nos parece que la manera más natural de asumir esta nueva estructura municipal –que implica modificaciones sustanciales de la Ley de Régimen Municipal, dentro del marco de lo señalado por el artículo 16 de nuestra Constitución– sería partiendo, como ya dijimos, de las ciudades que son centros de parroquia. Estamos hablando de un número de 1.084 ciudades, igual al número de parroquias actuales, que se convertirían en las nuevas ciudades-municipios, dotadas de una poligonal urbana en la cual se incluiría aquellas tierras no urbanizadas, dedicadas al cultivo, la cría, la industria o cualquier tipo de producción que son parte de su sustento. Igualmente formarían parte de esa poligonal aquellos sitios o lugares naturales, turísticos y del patrimonio cultural en general que forman parte esencial de la vida y costumbres de los ciudadanos allí residenciados.

Estaríamos conformando así ciudades para el futuro, una red de núcleos urbanos de pequeño tamaño, orientados al aprovechamiento sostenible de sus patrimonios locales por parte de sus ciudadanos organizados. Hablamos de ciudades dotadas de la capacidad de producir desarrollo y bienestar para todos sus ciudadanos, con capacidad de abastecerse de recursos y de deshacerse de residuos y con sus propios planes de desarrollo endógeno, diferentes a eso que llamábamos “los Pedul” que no eran otra cosa que planes de desarrollo inmobiliario. Ahora lo llamaríamos Planes para el Desarrollo de Ciudades Sustentables, un nuevo instrumento de planificación que tiene como propósito central facilitar una más directa articulación de los esfuerzos dirigidos a producir desarrollo sustentado sobre los valores y potencialidades de las diversas ciudades-municipios, pues ese es su patrimonio. En esos planes la ciudad se concibe como un gran núcleo urbano de desarrollo endógeno que es, a su vez, contenedor de múltiples y variados núcleos de desarrollo endógenos.

Si la creación, por ley, de los consejos comunales fue un paso histórico en la definición del camino al socialismo, la integración de los consejos comunales para administrar la ciudad, también por ley, sería ya un paso adelante dentro del socialismo.

 
José Manuel Rodríguez Presidente del Instituto del Patrimonio Cultural Ministerio de la Cultura

Enero del 2007