El intento de formar una matriz de opinión por la cual el Presidente de Venezuela es un terrible tirano abre la puerta a la legitimación de un eventual tiranicidio. No es objeto de esta página analizar estrategias políticas. Pretendemos analizar y reflejar aquí los aspectos no políticos, aquellos que tienen que ver con el uso de las palabras y los conceptos, con el aprovechamiento que hacen quienes disfrutan de gran poder mediático cuando disfrazan sus motivaciones políticas detrás de argumentaciones pretendidamente filosóficas y culturales.

Magnicidio: (Del latín magnus, grande, y caedere, matar.) Muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo público.

Tiranicidio: Muerte dada a un tirano. Doctrina que sostiene la licitud de la muerte del tirano.

La doctrina del tiranicidio
Admitida ya, y a menudo ensalzada, por escritores griegos y romanos (Cicerón, Plutarco, Polibio, etc.), en el siglo XII fue recogida por Juan de Salisbury. Sin embargo, no fue admitida de una manera generalizada y ni siquiera era admitido el derecho a rebelarse contra la tiranía, ya que la mayoría de los tratadistas partían del principio que cualquier poder era de origen divino.

El mismo Tomás de Aquino, sin llegar a resolver explícitamente la cuestión, afirmó su ilegitimidad y pensaba que en último término el castigo del tirano era competencia exclusiva de las autoridades públicas.

El Concilio de Constanza (1414 - 1418) en su sesión del 6 de julio de 1415 declara lo siguiente: “La doctrina de que cualquier tirano puede y debe ser muerto lícita y meritoriamente por cualquier vasallo o súbdito suyo, y también por secretas conspiraciones o acercándose con halagos y adulaciones, aunque exista un juramento o pacto con él, sin necesidad de sentencia alguna o de mandato judicial..." la reprobamos y la condenamos como opinión errónea en la fe y en las costumbres, y es herética, escandalosa y abre las puertas a toda clase defraude, trampas, engaños, traiciones, perjurios.

El Concilio, además, declara, afirma y define que los que se obstinan en defender esta doctrina son heréticos.

El pensamiento político y jurídico del Renacimiento (Bartolo da Sassoferrato) distinguió entre el ejercicio opresor de la tiranía y su falta de legitimidad (ex defectu tituli); por otro lado, la consolidación de los señoríos y de los principados delante de las instituciones comunales, llevó a algunos individuos a la exaltación ardorosa del tiranicidio (Lorenzino de Médici).

En el siglo XVI, su aceptación era casi unánime. Los teólogos jesuitas Domingo de Soto, Molina, Suárez, Belarmino, y, sobre todo, Juan de Mariana precisaron la definición de tirano no ya en función de la legitimidad, sino del deber de ejercer el poder para el bien de los súbditos y justificaron la resistencia armada contra el monarca tirano y el tiranicidio. Calos III de España, después del motín de Esquilache (1766) prohibió su enseñanza y expulsó a los jesuitas (1767).

Con la evolución del pensamiento político en el mundo moderno, el problema de la tiranía y, por lo tanto, del tiranicidio, deja lugar a los problemas más fundamentales de las garantías constitucionales, de la limitación del absolutismo y de la formulación de una concepción liberal del estado.

El derecho a la resistencia
Como antecedentes más inmediatos del derecho a la resistencia está el tiranicidio, doctrina que en los siglos XV y XVI cobra su mayor fuerza. Tal doctrina estableció que éste era un derecho cuando no hubiere forma distinta de solución. Teofrasto, Séneca, Quintiliano y Luciano defendieron el tiranicidio como medio de redención de los pueblos oprimidos.

El mayor defensor de esta doctrina fue el padre jesuíta Juan de Mariana, quien en su famoso libro De Regeet Regís Institutione ad Philipus III, publicado en 1599, expresó: "Es saludable que éste sepa (el príncipe) que si oprime la república, será expuesto a ser asesinado, no sólo con derecho sino con aplauso y gloria de las generaciones futuras". Tomás de Aquino también consintió la figura del tiranicidio, aduciendo que la resistencia a una autoridad injusta no es sedición. En Suma teológica, rechazó la doctrina del tiranicidio; sin embargo, sostuvo la tesis de que los tiranos debían ser depuestos por el pueblo.
Conceptos actuales nos enseñan "la voz tirano para referir en general a aquél que gobierna por el terror -imponiendo, principalmente por la violencia, su arbitrio en perjuicio de las libertades fundamentales de los súbditos".

La tiranía es un sinónimo de un gobierno ilegítimo, y esa ilegitimidad puede ser por la forma de acceso al poder o por los abusos cometidos durante su ejercicio, para algunos "puede provenir ya de la forma como accedió al poder (vgr. por golpe contra las autoridades legítimamente constituidas), ya de la comisión de gravísimos y repetidos desafueros que desvirtúan de manera total el sentido y el fin de la autoridad (vgr. suspensión generalizada de las libertades públicas, cierre de las cámaras legislativas, aherrojamiento de la judicatura, exterminio de los opositores, etc.)

En la Edad Media, Juan de Salisbury, en su libro Hombre de Estado, dice: "Cuando un príncipe no gobierna con arreglo a derecho y degenera en tirano, es lícito y está justificado su deposición violenta", y recomienda que contra el tirano se use el puñal aunque no el veneno.

Martín Lutero proclamó que cuando un gobierno degenera en tirano y vulnera las leyes, los súbditos quedan liberados del deber de obediencia. Su discípulo Felipe Helanchton sostuvo que es legítimo el derecho de resistencia cuando los gobiernos se convierten en tiranos. Calvino, el pensador más notable de la Reforma, desde el punto de vista de las ideas políticas, postuló que el pueblo tiene derecho a tomar las armas para oponerse a cualquier usurpación.

Nadie menos que un jesuíta español de la época de Felipe II, Juan Mariana, en su libro De rege et regis institutions, afirma: "Cuando el gobernante usurpa el poder o, cuando elegido, rige la vida pública de manera tiránica, es lícito su asesinato por un simple particular, directamente o valiéndose del engaño, con el menor disturbio posible".

El escritor francés Francisco Hosnan sostuvo que entre gobernantes y súbditos existe el vínculo de un contrato, y que el pueblo puede alzarse en rebelión frente a la tiranía de los gobiernos cuando éstos violan aquel pacto.

Los reformadores escoceses Juan Knox y Juan Poynet sostuvieron que es legítima la resistencia a los gobiernos cuando oprimen al pueblo y que es deber de los magistrados honorables encabezar la lucha, y en el libro más importante de ese movimiento, escrito por Jorge Buchman, se dice: "Si el gobierno logra el poder sin contar con el consentimiento del pueblo o rige los destinos de éste de una manera injusta y arbitraria, se convierte en tirano y puede ser destituido o privado de la vida en último caso".

Juan Altusia, jurista alemán de principios del siglo XVII, en su Tratado de política, dice: "La soberanía, en cuanto autoridad suprema del Estado, nace del concurso voluntario de todos sus miembros; la autoridad del gobierno arranca del pueblo, y su ejercicio injusto, extralegal o tiránico, exime al pueblo del deber de obediencia y justifica la resistencia y la rebelión".

Más cercano en el tiempo, en el siglo XVII, en Inglaterra, fueron destronados dos reyes, Carlos I y Jacobo II, por actos de despotismo. Estos hechos coincidieron con el nacimiento de la filosofía política liberal, esencia ideológica de una nueva clase social que pugnaba entonces por romper las cadenas del feudalismo. Frente a las tiranías del derecho divino, esa filosofía opuso el principio del contrato social y el consentimiento de los gobernados, y sirvió de fundamento a la Revolución Inglesa de 1688 y a las revoluciones americana de 1775 y francesa de 1789. Estos grandes acontecimientos revolucionarios abrieron el proceso de liberación de las colonias españolas en América, cuyo último eslabón fue Cuba. El derecho de insurrección contra la tiranía recibió entonces su consagración definitiva y se convirtió en postulado esencial de la libertad política.

Ya en 1649, John Milton escribe que el poder político reside en el pueblo, quien puede nombrar o destituir reyes, y tiene el derecho de separar a los tiranos. John Locke, en su Tratado de gobierno, sostiene que cuando se violan los derechos naturales del hombre, el pueblo tiene el derecho y el deber de suprimir o cambiar de gobierno. "El único remedio contra la fuerza sin autoridad es oponerle la fuerza".

Juan Jacobo Rousseau dice con mucha elocuencia en su Contrato social: "Mientras un pueblo se ve forzado a obedecer y obedece, hace mejor recuperando su libertad por el mismo derecho que se la han quitado... Renunciar a la libertad es renunciar a la calidad de hombre, a los derechos de la humanidad, inclusive a sus deberes. No hay recompensa posible para aquel que renuncia a todo. Tal renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre, y quitar toda la libertad a la voluntad es quitar toda la moralidad a las acciones. En fin, es una convicción vana y contradictoria estipular, por una parte, con una autoridad absoluta y, por otra, con una obediencia sin límites..."
Sólo escritores reaccionarios se opusieron a este derecho de los pueblos, como aquel clérigo de Virginia (Estados Unidos), Jonathan Boucher, quien dijo: "El derecho a la revolución es una doctrina condenable derivada de Lucifer, el padre de todas las rebeliones".

(Algunos conceptos y párrafos han sido tomado de http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/dih/cap1.html)