El esquema establecido en todas las versiones de Ley de Política Habitacional (LPH) es el siguiente: La vivienda tiene un precio derivado de su costa mas las utilidades para el empresario. Las condiciones de venta establecen una cuota inicial, un plazo para el pago, cuotas mensuales para pago de capital e intereses de marcado y a veces cuotas extraordinarias, lo cual es el esquema tradicional de la banca hipotecaria. La LPH pone un tope a los pagos de los beneficiarios no superior al 30 % o al 20 % de sus ingresos y prevé un subsidio para bajar el precio de la vivienda, pero tambien permitía la capitalizacion de los intereses. Esta condicion se prohibió luego pero se creo un vado todavia existente.

En el caso de la producción pública obviamente se eliminan las utilidades y los intereses a las inversiones en construcción Este esquema es muy deficiente, excluyente y paralizante. Excluye una gran cantidad de familias por no tener ingresos suficientes para los pagos mensuales, deficiente porque es incapaz de producir el número de viviendas necesarias, y a mediano plazo hace los costos de recuperación mayores que lo que se recupera, y paralizante porque no permite canalizar las iniciativas populares a través de sistemas diferentes y condena al sector público a la asfixia.

Se deben proponer, inclusive en la nueva ley, sistemas flexibles que tomen en cuenta la depreciaciñon del valor adquisitivo de la moneda, los diferenciales entre la inflación y las tasas de intereses, la problemática de la inestabilidad de los ingresos de los beneficiarios, los gastos de recuperación de los créditos y la posibilidad de la recuperación por y para la comunidad. Se han dado experiencias interesantes tales como la del PROVIS, dar la propiedad mediante el pago de una inicial del 20%. Y hay muchas otras por poner en práctica, por ejemplo, dar cinco años para que la familia ahorre un 30 % del valor de la vivienda y dar la propiedad por ese monto o entregar la propiedad a quienes estuviesen al dia en sus pagos al cabo de ocho años.