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Tras poco más de un mes de negociaciones sin éxito con el gobierno, las asociaciones rurales de Argentina resolvieron el 7 de mayo frenar la venta de granos para exportación y otras medidas de fuerza durante una semana, en principio. La decisión de volver a tomar medidas de fuerza fue anunciada en rueda de prensa por los dirigentes de las cuatro grandes asociaciones de empresas y productores agropecuarios, convocada luego del fracaso del diálogo con el gobierno de Cristina Fernández. La protesta incluye también concentraciones a la vera de rutas y caminos, sin bloquear el tránsito de vehículos. Sólo se proponen no comercializar granos para exportación por una semana, y evaluar el resultado de la medida el 15 de mayo. "Confiamos en que no se venderá nada de granos", adelantó Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. "Pero el abastecimiento será prioritario para el mercado interno”, aseguró. Los dirigentes rurales aseguran que de esta manera obligarán a negociar al gobierno, que espera un aumento de la recaudación impositiva precisamente a través del impuesto a la exportación de granos y oleaginosas, asunto que habían desatado el conflicto en marzo. El Ministerio de Economía informó que en abril la recaudación tributaria general fue de 20.240 millones de pesos (6.380 millones de dólares), 2.997 millones (945 millones de dólares) de los cuales corresponden a retenciones agropecuarias, petroleras y de otros productos exportados. Las asociaciones en conflicto también difundieron una "Carta abierta a los argentinos", en la que destacan que el apoyo generalizado de la población a la medida de fuerza realizada "fortaleció" al sector agrícola y que, si bien hubo "algunos avances, no alcanzan para destrabar todos los temas". Las protestas comenzaron el 12 de marzo en rechazo a la decisión gubernamental de aumentar de 35 a 44 por ciento el impuesto a las ventas externas de soja y de 32 a 39 por ciento las de girasol. Los precios internacionales de esos productos están en franco crecimiento por la fuerte demanda de China e India, la especulación y otros aspectos. Además del incremento de esos tributos, el gobierno de Fernández resolvió que la nueva alícuota sea móvil, es decir que se mueva en un sentido u otro en consonancia con los precios internacionales. Los dirigentes empresariales reaccionaron entonces con la detención de actividades y bloqueos de carreteras en 14 provincias e impidieron el paso de camiones con alimentos, lo cual provocó desabastecimiento en las ciudades. Tras 21 días de paralización y lock-out patronal, las asociaciones declararon una tregua de un mes para discutir el aumento del impuesto y otros asuntos de la agenda agropecuaria, como las restricciones vigentes a las exportaciones de carne y de trigo, el precio de la leche y la falta de incentivos a las economías regionales. El gobierno, por su parte, ofreció reembolsos a los pequeños productores y subsidios para el flete de los que operan más lejos de los puertos, pero se negó reiteradamente a abrir la discusión sobre el impuesto a las exportaciones, el nudo del conflicto. La tensión provocó la primera renuncia del gabinete ministerial de Fernández apenas poco después de cuatro meses de gobierno. Martín Lousteau, autor del polémico esquema de impuestos, fue reemplazado al frente de la cartera de Economía por Carlos Fernández, un técnico cercano al ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), antecesor y esposo de la mandataria, y al igual que ésta del sector centroizquierdista del Partido Justicialista (peronista). Según repasó el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, el 2 de mayo, al finalizar la tregua, "no habíamos llegado a ninguna conclusión". "El gobierno parece decidido a confrontar con nuestro sector", indicó. Buzzi recordó que el viernes 2 de mayo los productores se apostaron a la vera de las carreteras a modo de vigilia hasta el martes 6, cuando el jefe de Gabinete ministerial, Alberto Fernández, había prometido debatir las "retenciones" (impuestos a las exportaciones). Pero el encuentro del 6 derivó en un nuevo desencuentro. Según la versión de Buzzi, Alberto Fernández admitió en la reunión que el esquema de retenciones móviles tenía errores que debían ser corregidos y propuso una cita para el día siguiente. Las palabras de Buzzi generaron expectativas entre los productores y asociaciones, que advertían por primera vez una voluntad de negociar el punto clave de la agenda. Pero horas después el funcionario desmintió haberse comprometido a cambiar ese esquema. "Hablamos de discutir sobre el mercado a término, pero no las retenciones", aseguró Alberto Fernández. El mercado a término es un espacio de comercialización a futuro que desaparece con el esquema de retenciones móviles. El ministro coordinador sostuvo que los productores ejercen "una extorsión insoportable" al gobierno. "La vocación del diálogo siempre está, pero no podemos seguir tolerando la amenaza de un paro (detención de actividades agrícolas) si no hacemos lo que ellos quieren", dijo. "Si paran, que se atengan a las consecuencias", advirtió el jefe de Gabinete y culpó al sector agropecuario de los aumentos de precios de los alimentos registrados en las últimas semanas a raíz de la escasez provocada por la paralización empresarial y productiva y los bloqueos de caminos. Los productores rurales asociados remarcaron que en esta oportunidad no habrá bloqueos de rutas, y aclararon que la paralización de actividades no provocará escasez de alimentos, porque sólo apuntan a frenar la comercialización de granos para la exportación. No obstante, admitieron que en algunos distritos podría haber igualmente bloqueos de rutas que impidan el paso de camiones. De hecho, en la zona de Gualeguaychú, en la oriental provincia de Entre Ríos, los productores amenazan con frenar el tránsito del transporte internacional de granos. Por Marcela Valente
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